NOMBRAMIENTO DEL PERITO


   Sierra, J.C., Jiménez, E.M. y col.(2010), exponen lo siguiente a cerca del nombramiento del perito y su legitimación: 
   "Siendo el nombramiento del perito una garantía esencial de imparcialidad, existen profundas discrepancias tanto en el Derecho comparado como en nuestra legislación interna, como en la doctrina, sobre temas tan esenciales como los relativos a la designación del perito por las partes o por el Juez, e incluso en el número de peritos, pues aun cuando lo normal sea la designación de uno o tres peritos, existen hipótesis de dualidad e incluso de pluralidad de peritos. En la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil del 2000 se distinguen distintas formas de designación de peritos:
    -Cuando el peritaje se realice extrajudicialmente, es la propia parte la que libremente efectúa la designación del perito.
    -Cuando las partes, bien en la demanda o contestación, bien en la audiencia previa del juicio ordinario o en el juicio verbal, solicitasen la designación judicial de perito y estuviesen de acuerdo en que el dictamen lo emita una determinada persona o entidad, el Tribunal designará judicialmente al perito en que concuerden las partes.
    -Cuando se disfrute del derecho de asistencia jurídica gratuita, la designación será a través del sistema llamado de "listas corridas", partiendo de unas listas remitidas en el mes de enero de cada año por los Colegios Profesionales, Academias e Instituciones culturales y científicas, efectuándose la primera designación por sorteo en presencia del secretario judicial, y las siguientes por orden correlativo.
Para el caso de designación del perito sin título oficial en la materia, se procederá a la insaculación entre una lista de personas proporcionada por "sindicatos, asociaciones y entidades apropiadas, que deberá estar constituida por un mínimo de cinco personas".
    La capacidad del perito se deriva de la posesión de conocimientos técnicos de interés para el proceso, sin que sea indispensable, aunque sí tenga carácter preferente, la posesión de título, ni la colegiación del perito, requisito exigido sólo para proceder a la designación judicial mediante el sistema de listas corridas. No se requiere, por tanto, la residencia del perito en el partido judicial ni el pago del Impuesto sobre Actividades Económicas, requisitos exigidos en el Artículo 616 de la LEC 1881 para la insaculación del perito.
    En cuanto a la legitimación del perito, la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil obliga a distinguir entre los peritos de parte y los designados judicialmente:
    - Respecto de los peritos de parte no se plantean problemas de legitimación, ya que la mera aportación del dictamen pericial por la parte implicará por sí sola la aceptación del cargo. La existencia de circunstancias que puedan afectar la imparcialidad del perito no influyen en su legitimación, sino exclusivamente en la valoración del dictamen pericial, estableciendo los Artículos 343 y 344 un sistema de tachas.
    - Por el contrario, respecto de los peritos de designación judicial se garantiza la imparcialidad obligando al perito sospechoso a abstenerse en el supuesto de concurrir alguna de las causas de recusación y abriéndose, de no abstenerse, un incidente en el que, con total amplitud de pruebas y sin ulterior recurso, se decidirá sobre la concurrencia de la causa de recusación, sustituyéndose al perito cuya recusación se declare procedente por su suplente.
    Es discutible si un perito designado judicialmente puede o no negarse a aceptar el cargo, ya que aun cuando el Artículo 342.2 supedita el nombramiento del perito a la previa aceptación del cargo, se exige "justa causa" considerada "suficiente" por el Tribunal para que pueda rechazar la aceptación. Pese a dicha exigencia legal estimamos que puede eludirse fácilmente el desempeño de la función de perito bien en forma pasiva, bien activamente:
    - Concediéndole al perito un plazo de cinco días para aceptar el cargo, de no aceptarlo dentro de dicho plazo, aunque nada indique la Ley de Enjuiciamiento Civil al respecto, procederá a sustituirlo por su suplente.
    - La solicitud de provisión de fondos permitirá igualmente al perito de no ser constituida "quedar eximido de emitir el dictamen", con la grave consecuencia de no poder resolver sobre la cuestión técnica sin contar con el necesario asesoramiento del perito.
    El Artículo 335.2 exige, tanto al perito de parte como al perito de designación judicial que manifiesten, bajo juramento o promesa de decir la verdad, que han actuado, y en su caso actuarán, con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que puedan favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conocen las sanciones penales en las que podrían incurrir si incumplieran su deber como peritos. Las consecuencias de la omisión de dicho juramento son distintas según el sistema de designación. Mientras respecto del perito de parte el incumplimiento de dicho requisito formal debe estimarse irrelevante, ya que en todo caso el dictamen obrará en los autos y el Tribunal apreciará libremente su valor, en los peritos de designación judicial es obligatorio dicho juramento o promesa para que el perito entre en el desempeño de su función."

     Sierra, J.C., Jiménez, E.M. y col. "Psicología forense: manual de técnicas y aplicaciones". Biblioteca Nueva. Manuales de Universidad. (2010)

  

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